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20:20 | Lima, nov. 24.
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma intensificó la supervisión en todos los almacenes de colegios a nivel nacional, para garantizar la calidad de los alimentos para más de 4,1 millones de escolares, manifestó hoy el director ejecutivo de la entidad, Pedro Ripalda.
Tras destacar que dicha supervisión se ejecuta junto a los padres de familia, Ripalda señaló que las empresas y personas que no entienden la labor de Qali Warma, no tienen espacio en el programa.
Informó que son más de 30 personas que han sido denunciadas, tanto del programa como de la empresa y las autoridades sanitarias involucradas en la entrega de productos no aptos para el consumo humano, afectando a niños de los sectores más vulnerables.
«En el marco de la reorganización del programa, todas las medidas tomadas tienen como objetivo garantizar un servicio tan noble como es Qali Warma», indicó en TV Perú.
En esa línea, Ripalda refirió que han contratado un organismo acreditado externo para que haga una supervisión adicional que garantice la calidad de los alimentos.
El pasado 21 de noviembre, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, dijo que su gestión «se está enfrentando a una red de corrupción» en la que están involucrados trabajadores de Qali Warma y de empresas privadas.
En los últimos días –añadió– hemos visto con indignación lo que está sucediendo en un programa emblemático que trabaja con un derecho fundamental como la alimentación escolar.
«Qali Warma es uno de los programas más sensibles y es una organización donde se cumplen con estrictas medidas de calidad».
Sin embargo, tratándose de una entidad con más de una década, sostuvo que su gestión identificó prácticas que «tienen que cambiar», razón por la cual Qali Warma fue declarado en reestructuración algunos meses atrás: «El programa necesita un cambio de modelo y en ese cambio estamos chocando con muchos intereses».
Añadió que –a partir de las denuncias– se detectó que funcionarios de Qali Warma y de la dirección regional de Salud de Puno, además de trabajadores de empresas privadas, «han estado vulnerando la cadena de custodia que debe funcionar cuando un padre de familia o un director reporta una irregularidad» en el programa.
Hemos separado 12 trabajadores, incluyendo a jefes de unidades territoriales involucrados en hechos de corrupción, y hemos pedido la intervención inmediata de la Contraloría para ejecutar una intervención de control concurrente, detalló el titular del Midis.
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